El envejecimiento demográfico avanza con tal rapidez que los sistemas de pensiones de los países desarrollados enfrentarán presiones crecientes y difíciles de sostener en las próximas décadas. Así lo expone el Panorama de las Pensiones de la OCDE 2025, que atribuye esta transformación profunda al descenso persistente de la natalidad y al aumento continuo de la esperanza de vida. Según el informe, “la población del conjunto de la OCDE envejecerá rápidamente en los próximos 25 años”, un fenómeno que obligará a replantear tanto la arquitectura financiera como los objetivos sociales de los sistemas de retiro.

Las proyecciones son contundentes. Para 2050 habrá 52 personas de 65 años o más por cada 100 en edad laboral, un salto notable frente a las 33 actuales y las 22 registradas en el año 2000. El incremento será especialmente abrupto en Corea, donde el índice aumentará cerca de 50 puntos, así como en España, Grecia, Italia, Polonia y la República Eslovaca, con incrementos superiores a 25 puntos. Este acelerado envejecimiento se produce “en un momento de alta deuda pública y de demandas de gasto contrapuestas”, lo que compromete aún más la sostenibilidad fiscal.

El Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, advierte que esta transición demográfica constituye “un desafío estructural clave para los países de la OCDE, con importantes implicaciones económicas, tributarias y sociales”. Según el análisis, la población en edad productiva disminuirá 13% en las próximas cuatro décadas y, como consecuencia directa, “el PIB per cápita se reducirá un 14% de aquí a 2060”, presionando los ingresos públicos justo cuando el gasto asociado a la longevidad continuará en aumento.

La contracción de la fuerza laboral será especialmente severa en países como España, Estonia, Corea, Grecia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Polonia y la República Eslovaca, donde se prevé una caída de alrededor de 30% en el número de personas entre 20 y 64 años. La OCDE enfatiza que, ante esta perspectiva, la prolongación de la vida laboral se vuelve indispensable.

“Dado que vivimos más tiempo y llegamos a la vejez con mejor salud, necesitamos prolongar la vida laboral”, sostiene Cormann, y añade que los países “deben aumentar la edad de jubilación efectiva y promover las oportunidades de trabajo de las personas mayores” para garantizar tanto la sostenibilidad financiera como el bienestar en la vejez.

El ajuste ya se refleja en la legislación vigente. La edad promedio de jubilación aumentará significativamente para quienes ingresan hoy al mercado laboral. Los hombres pasarán de retirarse a los 64.7 años en 2024 a 66.4 años en el futuro, mientras que las mujeres pasarán de 63.9 a 65.9 años.

Sin embargo, las diferencias entre países siguen siendo marcadas. El informe señala que “las edades de jubilación por país oscilan entre los 62 años en Colombia, Eslovenia y Luxemburgo, y los 70 años o más en Dinamarca, Estonia, Italia, Países Bajos y Suecia”.

Aun con estos ajustes, los sistemas de pensiones otorgarán beneficios más contenibles. En promedio, “los trabajadores con carreras completas e ingresos promedio que ingresen hoy al mercado laboral recibirán una pensión neta equivalente al 63% de su salario neto”, aunque en economías como Corea, Estonia, Irlanda y Lituania esta tasa caerá por debajo del 40%. En contraste, los trabajadores con salarios equivalentes a la mitad del promedio alcanzarán una tasa neta de reemplazo de 76%.

La vejez también tiene género

El informe también aborda la persistente brecha de género en las pensiones, un fenómeno arraigado en desigualdades laborales históricas. En los países de la OCDE, “las pensiones mensuales de las mujeres son, en promedio, un 23% menores que las de los hombres”, pese a que la diferencia se ha reducido cinco puntos porcentuales desde 2007.

La OCDE identifica que las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida laboral (diferencias en empleo, horas trabajadas y salario por hora) representan, en promedio, “el 35% de diferencia en los ingresos acumulados a lo largo de la vida”, lo que constituye la principal causa de la brecha en pensiones. La distribución desigual del trabajo no remunerado, que recae mayoritariamente en las mujeres, también tiene “importantes implicaciones”, señala el documento.

Para enfrentar estas disparidades, la OCDE recalca la necesidad de una estrategia global que abarque políticas laborales, familiares y de pensiones. El informe recomienda mejorar el acceso a servicios de cuidado infantil, reducir desincentivos fiscales al empleo femenino, promover la participación en sectores técnicos y asegurar “el acceso equitativo a puestos de liderazgo”. Asimismo, destaca el papel de las pensiones de viudez, que “reducen en un tercio la brecha de género”, dado que un 88% de las personas beneficiarias son mujeres.

El mensaje central del estudio es claro: el envejecimiento acelerado no es un fenómeno pasajero, sino una transformación estructural que redefinirá las bases económicas y sociales de los países. Sin reformas profundas, incluyendo el alargamiento de la vida laboral, la diversificación de fuentes de financiamiento y la reducción de desigualdades de género, la capacidad de los sistemas de pensiones para ofrecer una vejez digna se verá cada vez más comprometida.